La salida de Repsol del país

Hace unos días atrás, se anunció la venta de la mayor parte del paquete accionario que Repsol poseía en YPF al banco Morgan Stanley por 1255 millones de dólares. El porcentaje de la venta fue del 11,9%, con lo cual se pagaron U$S 26,9 por acción. Un valor similar al pagado por el Gobierno por el 51% de las acciones, tomando la emisión de bonos de U$S 5.400 millones, pero a ser pagaderos entre 2015 y 2033 a una tasa de interés de entre el 7% y 8%. El banco comprador a su vez colocó esas acciones en el mercado a diversos fondos de inversión. De esta manera, prácticamente desaparece del escenario un polémico actor en la historia del petróleo argentino. Sólo mantendrá un 0,5% de acciones remanentes.
Repsol había desembarcado en la Argentina en el año 1999, sin experiencia en producción masiva, haciéndose del control accionario de la empresa. Fue la culminación del proceso de privatización que había empezado años antes durante el gobierno de Carlos Menem. A partir de ese momento, Repsol aplicó una política depredatoria, invirtiendo poco y extrayendo mucho. Eso posibilitó altas tasas de ganancias que eran giradas al exterior e invertidas en otros lugares del mundo. YPF, luego de décadas de capitalización de la riqueza y el trabajo nacionales, se había transformado en una herramienta financiera global para Repsol. El ingreso de Eskenazi en el año 2008, como “especialista en mercados regulados”, apuntaló esta estrategia hasta la expropiación del 51% de las acciones por parte del Estado.
El papel de Repsol fue nefasto para un sector tan importante y estratégico como la producción de hidrocarburos. Sin embargo, su salida a esta altura no significará grandes modificaciones en la dirección asumida por el Estado en YPF más allá del pedido periódico de Repsol por dos lugares en el directorio de acuerdo a la cantidad de acciones que tenía. El papel de YPF está enmarcado en las decisiones que el equipo económico del Gobierno viene llevando adelante. Algunos lo denominan “ajuste”, otros lo asocian a medidas “ortodoxas”. En definitiva, un reacomodamiento de las relaciones económicas entre los distintos sectores. La petrolera aporta lo suyo. Acercamiento a los mercados internacionales mediante el acuerdo “amigable” con Repsol, acuerdos con empresas multinacionales como Chevron y Petronas, financiamiento a través de aumento de precios en el mercado interno y foco en la producción de petróleo para el mercado internacional (en lugar de apuntalar la de gas, necesaria para recuperar el autoabastecimiento).
Mientras tanto, la mayor parte del marco jurídico-legal implantado en los noventa sigue vigente, empezando por la provincialización de los recursos naturales establecida en la Constitución de 1994, la Ley Corta de Hidrocarburos y la Ley de Incentivo a la Exploración del año 2007 y la presencia actores privados y extranjeros en el resto de la producción.

Martín Scalabrini Ortiz